Plan Nacional de Accesibilidad para crear ciudades incluyentes

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Lo realizará SEDATU, con el apoyo y participación de la sociedad civil

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El compromiso incluye que los desarrolladores construyan con visión de futuro, así como que subsidios y financiamientos a vivienda contemplen espacios accesibles.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encabezó el primero de los «Diálogos por el Derecho a la Ciudad «, cuyo objetivo es conversar con organizaciones de la sociedad civil sobre políticas públicas y para consultar sus necesidades y experiencias en la planeación de metrópolis incluyentes, seguras y sustentables.

La misión del Gobierno de la República es que florezcan espacios accesibles e incluyentes para las y los mexicanos. En esta tarea, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, se comprometió -ante representantes de la sociedad civil- a construir un Plan Nacional de Accesibilidad, que propicie políticas públicas en la planeación de metrópolis incluyentes, seguras, resilientes y sustentables.

En el primer -«de muchos que hay por venir «- encuentro «Diálogos por el Derecho a la Ciudad «, con diversas asociaciones civiles de personas con discapacidad, la secretaria Rosario Robles Berlanga dijo que para cumplir este compromiso, incluso podría darse una reforma Constitucional, a fin de que los municipios participen como primera instancia en la transformación de las ciudades en espacios incluyentes.

«Diálogos por el Derecho a la Ciudad » funcionará como instancia de consulta pública -explicó- para tejer una retroalimentación permanente con la sociedad, a fin de fortalecer el tejido social e impulsar los procesos de organización civil.

Este primer encuentro de la responsable de la política pública en materia de ordenamiento y desarrollo urbano y territorial fue con asociaciones civiles que atienden la problemática de personas con discapacidad. Estos espacios de diálogo se extenderán a todos los grupos de la sociedad civil involucrados en la construcción y planeación de ciudades, manifestó la funcionaria.

Luego de escuchar los planteamientos, comentarios, sugerencias, peticiones, quejas, experiencias y demás, la secretaria Rosario Robles asumió los primeros compromisos que incluyen propuestas como: la redacción, con el aval de la sociedad, de este Plan Nacional de Accesibilidad; el vigilar e incentivar que los desarrolladores construyan vivienda con visión de futuro, es decir que atienda a personas de edad avanzada o con alguna discapacidad; y que los subsidios y financiamiento en el sector de desarrolladores de vivienda, premien a quienes faciliten la movilidad y la accesibilidad.

La funcionaria admitió que hacen falta reformas legales y dijo que no se descartaría una actualización al Artículo 115 Constitucional, que refiere las facultades de los municipios, a fin de incorporarlos al trabajo de planeación y a la construcción de espacios incluyentes, accesibles y ordenados.

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Los representantes de las organizaciones civiles pidieron que la inclusión y la accesibilidad se vean desde el Gobierno Federal, con una visión transversal, porque «si no hay accesibilidad, no se puede ejercer ningún otro derecho, como la educación, la salud, la cultura «, comentó, en su oportunidad, Tayde Buenfil, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Se recordó que el acceso no sólo es infraestructura física, sino también a la información y, por supuesto, a la educación y la concientización de nuestra sociedad estándar, es decir, los que no presentan una discapacidad, «pero que algún día nos volveremos viejos, con necesidades de accesibilidad «, dijo la periodista y activista por los derechos de las personas con discapacidad, Katia D’Artigues.

D’Artigues, de la organización Comunicación para la Inclusión, dijo que existen recomendaciones universales de Naciones Unidas y, tomando en cuenta que los presupuestos del gobierno son cada vez menores, existe la posibilidad de empezar a trabajar con compromisos y con fechas límites, que nos den un parámetro de que se avanza.

Guillermo Hernández, de la Coalición México por los Derechos de las Personas, coincidió en que las políticas públicas deben ser transversales, pues está probado que cuando se atiende a una persona con discapacidad, el impacto social abarca a cinco personas que son las que están involucradas en el cuidado de quién tiene la limitación física o intelectual.

Laura Bermejo, de la Asociación de Libre Acceso, refirió que el gobierno federal requiere construir rutas accesibles para que los ciudadanos puedan llegar a las oficinas de los secretarios de estado o funcionarios públicos responsables de los programas sociales.

En México, de acuerdo a los números que manejan las organizaciones civiles, existen 15 millones de personas con una discapacidad física o intelectual.

Los representantes del sector académico, entre ellas Tayde Buenfil y Deidre Cárdenas, ambas de la Facultad de Arquitectura, de la Universidad Nacional Autónoma de México, recalcaron que en el diseño de las ciudades no sólo debemos pensar en las rampas o la señalización táctil, sino en la educación de la sociedad en su conjunto.

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